RE-CENTRALIZANDO LA GESTIÓN EDUCACIONAL

Gabel Daniel Sotil García

Bien sabemos que, en determinadas circunstancias, más allá del mensaje que portan las palabras, lo verdaderamente importante es la contundencia y efectos de los hechos.

El caso es que, en materia educacional, pese a sus grandilocuentes declaraciones, el actual Gobierno viene efectuando un evidente retroceso en cuanto al proceso de descentralización que, con las entendibles dificultades por los esquemas mentales que había que superar, se venía haciendo realidad en nuestro país, en el marco de la regionalización político-administrativa.

Nos sirve de soporte para hacer las afirmaciones anteriores, entre otros insumos, la denominada Ley de la Carrera Pública Magisterial –CPM, que acaba de ser promulgada como uno de los “más grandes” logros, hasta el momento, del actual gobierno.

Hemos tenido la oportunidad de hacer un acercamiento a su texto y, en verdad, no encontramos las razones, salvo algunos aspectos positivos, por las cuales pueda ser considerada como tal por los portavoces políticos que han salido a explicarla y defenderla,

Veamos:

La ley da como supuesto válido que un factor de gran importancia en el logro de la calidad de la educación es el Maestro y la Maestra. Claro que ello es absolutamente verdad, pero, de ninguna manera se exime de tal responsabilidad el propio Ministerio de Educación, cuyo accionar en estos 186 años de vida republicana, ha tenido bajo su control absoluto todo lo relacionado con la educación: direccionalidad, organización, dinámica, implementación, evaluación, etc.

De manera que si hay un gran culpable de la baja calidad de nuestra educación, ese es el propio Ministerio, pues es él el que ha tomado todas las decisiones que se han ejecutado en dicho sector. Lo poco que estaban avanzando los Gobiernos Regionales, en los últimos tiempos, en ese campo, ha sido anulado por la actual gestión educacional nacional.

Es el Ministerio el que ha venido fijando, a su antojo y parecer, los lineamientos de política educacional. La estructura y objetivos del sistema educativo, la formación de los Maestros y Maestras, las políticas sobre locales escolares, materiales educativos y participación de los padres y madres de familia, los lineamientos (imposiciones) curriculares, las políticas de administración de personal, etc., todo, todo ha sido decidido (impuesto) por el Ministerio de Educación, centralista y excluyentemente.

Dueño de una visión equívoca de nuestro país, viene manejando (no gestionando) los asuntos educacionales desde perspectivas racistas, despectivas de las capacidades de los Pueblos, ignorante de nuestra diversidad ecológica y sociocultural, etc. Es decir, colonialismo puro.

Incapaz de reflexionar sobre sí mismo, de autoevaluar su propia organización y su dinámica interna, viene insistiendo en culpar del fracaso de la educación nacional a todo el mundo menos a sí mismo. Pobreza de análisis que se refleja en la actual ley de la CPM, en la cual ignora completamente a los Gobiernos Regionales, desconociendo que el proceso de regionalización ya comenzó hace algunos años y que venía avanzando aunque lentamente.

Además, se evidencia que no quiere incentivar el aprendizaje social, pues hasta la evaluación en las instituciones educativas será realizada con los instrumentos que serán preparados por sus especialistas. Los de las Direcciones Regionales y de las UGELs seguirán sirviendo sólo para cumplir las órdenes que les lleguen. Nunca aprenderán a reflexionar sobre la educación sino a leer para acatar; nunca tendrán la oportunidad de crear y diseñar un instrumento de evaluación de la labor magisterial, sino abrir paquetes para distribuir y administrar pruebas.

Es éste el mismo rol que le asigna a los Maestros y Maestras, pues en las evaluaciones para las respectivas promociones de nivel, el elemento producción intelectual, apenas si es mencionado y no se le da mayor peso evaluativo, con lo cual se le dice al magisterio que dicha producción no tiene mayor importancia. Es decir, se quiere un magisterio consumidor de los cursos de capacitación, acumulador de certificados, adicto a los legajos personales voluminosos, pero, sin auto aprendizaje ni producción intelectual, a través de la cual vaya expresando el procesamiento de sus experiencias para compartirlas con sus colegas. Así, se frustran las posibilidades de generar cambios educacionales desde dentro del mismo magisterio peruano. Seguiremos esperando la venida de especialistas foráneos que hablan de cambiar una realidad que no la conocen ni la aman.

En momentos en que todos los analistas críticos de la actual situación educacional concuerdan en que se hace indispensable un profundo cambio del sistema educativo, el Ministerio opta por promover un ejercicio magisterial pasivo, ejecutante, cumplidor, irreflexivo, improductivo, repetidor.

Con todo ello, el Ministerio no hace sino asegurar la continuidad del actual sistema, obsoleto, impertinente, homogeneizante, racista y mediocrizante. Anti peruano, en suma.

Esta ley pudo haber sido pensada para crear condiciones propicias para desarrollar un ejercicio magisterial estimulante, optimista, productivo, reflexivo y propositivo; sin embargo, han ganado las ansias de fortalecer el centralismo, que tantas frustraciones viene causando a los pueblos de nuestro país. Es, pues, otra oportunidad perdida, pues gana el Ministerio, pero pierde el Perú.