¿TIENE, EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO, IDONEIDAD PARA  DEFENDER LOS INTERESES DE LA AMAZONÍA PERUANA?

Dimensiones de la deforestación en Tamshiyacu.
¿Es concebible que los intereses de una empresa se
antepongan a los de nuestra región?¿Qué dicen
nuestras leyes?
Foto de Google Maps.

Prof. Gabel Daniel Sotil García

En la cabeza de muchísimos amazónicos  debe estar dando vueltas esta pregunta a causa de recientes y actuales acontecimientos casi al alcance de nuestra vista y oídos.

Por lo tanto, no es un mero ejercicio de juego imaginativo respecto a nuestra realidad. Aunque sí pudiera parecer el más puro surrealismo.

Dicha pregunta no es sino la obvia consecuencia de las frecuentes constataciones de las graves y diversas agresiones a la integridad de nuestra región, las mismas que continúan su progresividad en forma indetenible, ante la mirada complaciente de quienes podrían tener poder para detenerlas y no asumen esa responsabilidad. ¿O es que, en verdad, no lo tienen?

Veamos algunos de estos casos.

Nuestros  medios de comunicación, locales y nacionales, cada cierto tiempo, nos informan con mucho énfasis, de la incautación de grandes balsa de trozas de diversas especies forestales. Siempre, por cierto, las más valiosas. “Golpe a la tala ilegal” se pregona, pero estos  hechos se repiten con determinada frecuencia y no hay quien los detenga. Pero, ¿Qué valor tiene dicha captura si se hace cuando ya se produjo la tala ilegal y, por lo tanto, el bosque ya fue afectado? ¿Es, acaso, dicha captura lo más importante que se puede hacer al respecto? (salvo para fines publicitarios de las autoridades) ¿No hay leyes que puedan ser aplicadas para prevenir y erradicar definitivamente esta actividad?

Deforestación en el Shanusi. Bosque 
primario talado. ¿Hay algo al respecto
en nuestro ordenamiento jurídico?

 O, también, se nos informa que en tal o cual río se ha constatado la presencia de motonaves (dragas) extractoras de oro, contaminando todo un ecosistema particular (río, quebrada, cocha) por el arrojo de mercurio. Los ríos Napo, Nanay, Morona, Pastaza, Marañón, etc. son escenarios casi permanentes de este tipo de agresión. Pareciera que a los autores nunca les pasa nada y, por lo tanto, volverán ante el silencio cómplice de las autoridades, quienes, seguramente, lo supongo, carecen de herramientas jurídicas para actuar de mejor manera que no sea la indiferencia complaciente. También aquí es evidente que se efectúa la captura cuando ya el perjuicio al ecosistema ha sido hecho. ¿De qué sirve, entonces, dicha captura? ¿No hay forma de prevenir el daño?

Balsa de trozas de madera incautada por
 nuestras autoridades, producto de la tala
ilegal. ¿Dicen algo 
al respecto nuestras leyes? ¿O qué 
intereses predominan?

Por otro lado, sabemos que, en determinado lugar se viene deforestando bosques primarios que, según se dice, están protegidos por las leyes. Pero se sigue talando por decisión de alguna empresa que se vale de múltiples recursos que, suponemos, están habilitados por las mismas leyes peruanas, pues sigue la impune deforestación pese a la oposición de las comunidades y de lo dañino que es para nuestro ambiente natural. El hecho de que dicho proceso sea imparable querría decir que hay normas jurídicas que protegen a dichas empresas. Tal el caso de Tamshiyacu, en donde la empresa Cacao Perú Norte SAC continúa su labor destructiva de miles de hectáreas, valiéndose de subterfugios, manipulaciones y de las condiciones de pobreza de los comuneros del lugar. Dicha acción destructiva se realiza  prácticamente en las mismas narices de las autoridades iquiteñas, quienes, al parecer, tampoco pueden hacer nada, supongo que por carecer de tales instrumentos jurídicos o porque han antepuesto sus intereses personales. Indignante la impunidad con la que se le deja actuar a esta empresa y, peor aún, que se diga que se destruye al bosque “para generar desarrollo”.

Igual sucede en el Bajo Amazonas con los sembríos de coca, área en la que, cada cierto tiempo, se dan “grandes golpes al  narcotráfico”, según las autoridades policiales,  destruyendo inmensas pozas de maceración, cuyos contenidos químicos ineludiblemente van a los diversos cursos de agua que desembocan en los grandes ríos, contaminándolos. Y no solo eso, sino que el cultivo mismo de la coca implica ya la destrucción del bosque. Pero el caso es que éstos serán seguidos por otros “grandes golpes” y la selva seguirá siendo destruida grandemente, pues la cobertura de sembríos seguirá ampliándose o se trasladará a otra zona, para continuar la depredación. ¿No hay, acaso, mecanismos para evitar esta agresión a nuestra región o es que no se aplican a plenitud?

Derrame petrolero en la comunidad de Cuninico, dis-
trito de Urarinas. Parece que ninguna ley de nuestro país 
tuviera efectos en la defensa de los 
intereses de los PP.II.
Foto de INTERNET

Por cierto que a estos casos se pueden agregar  los de las empresas petroleras, contaminadoras del medio ambiente en su máxima expresión, invasoras de territorios y  destructoras de los pueblos indígenas por patologías introducidas por su misma actividad, frente a las cuales, al parecer nada se puede hacer, salvo el dilatar ad infinitum la búsqueda de soluciones.

¿Qué dicen las leyes peruanas al respecto? Pareciera que nada hay dispuesto al respecto o si lo hay no se quiere aplicar. Mientras tanto, la selva se sigue destruyendo a nuestra vista e impaciencia.

Entonces, pues, la pregunta que encabeza  este artículo tiene plena validez y merece ser reflexionada colectivamente para llegar a saber cuánto de la inacción de las autoridades se debe a la carencia de instrumentos jurídicos protectores de nuestra región o a la desidia y complicidad, punible por cierto, de quienes deberían proteger nuestros recursos y riquezas espirituales, amenazadas por  empresas foráneas de insaciable voracidad.