GABEL DANIEL SOTIL GARCÍA
INTRODUCCIÓN
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| Mapa topográfico del Obispado de Truxillo del Perú, elaborado por el Obispo Baltazar J. Martínez Compañón, que comprendía a la región amazónica |
La organización político-administrativa de un país o región es
consecuencia de las decisiones que toman quienes tienen el poder político
respecto a cómo ejercerlo. Estas decisiones son el producto de una serie de
condicionantes de diversa naturaleza, que son los que determinan esa forma de
ejercerlo.
Desde que en nuestro país se produjera la presencia de una
cultura originada fuera de este ámbito, las formas tradicionales del ejercicio
del poder fueron alteradas profundamente.
Desde tiempos inmemoriales hasta ese momento, cada pueblo
determinaba, de acuerdo a su propia
experiencia histórica, su forma de organización para buscar y lograr el
bienestar común.
Durante este período, que denominaremos de los Desarrollos
Autónomos, cada etnia se organizaba respondiendo a sus propios patrones
mentales expresados en su cultura. La grandiosa diversidad de pueblos, con sus
respectivas culturas, generada en lo que es hoy nuestro territorio, se
expresaba también en diversidad de sistemas de autogobierno, con algunos rasgos
comunes, por cierto, dentro de ámbitos territoriales bajo su propio control en
concordancia con sus necesidades de subsistencia.
Pero, en el período de Desarrollo Dependiente, producido a
partir de la presencia española en nuestro país, los conquistadores se tuvieron
que enfrentar al problema de organizar un espacio, personas y pueblos
totalmente desconocidos.
Esta situación los llevó a ensayar sucesivamente diversas
formas de organización para ejercer mejor el control sobre los territorios
descubiertos, formas que, naturalmente, se establecían a partir de los propios
paradigmas que ellos traían de su mundo cultural de procedencia, por lo que recurrieron
a imponer diversas formas de organización y administración del territorio
dominado.
Por cierto que estas formas de organización
político-administrativas eran concordantes con los intereses y exigencias de la
conquista y colonización de los inmensos territorios descubiertos, para los
cuales, dado el carácter fortuito de su descubrimiento, los mismos
conquistadores no habían tenido nada preparado para su administración.
Esto los llevó a ensayar sucesivamente diversas formas que
pretendían responder a sus intereses de dominación, pero todas ellas alejadas y
ajenas a los intereses de los Pueblos de nuestra región.
Ya en el período republicano, los nuevos gobernantes
nacionales, herederos psico-culturales de los gobernantes coloniales, no
hicieron sino seguir, por inercia, similares patrones de comportamiento
político con el conjunto de nuestra región amazónica, dando forma a las
actuales condiciones que caracterizan a nuestra realidad política.
Veamos, desde sus más lejanos orígenes, cómo se ha venido
generando nuestra actual realidad regional, en lo político-administrativo, a
partir del Siglo XVI, en que se estableciera el poder colonial en nuestro país
y en nuestra región, cuyos efectos aún siguen vigentes.
LA ADMINISTRACIÓN POLÍTICA EN LA EPOCA COLONIAL.
Una primera decisión que tomara la Corona Española, respecto
a los territorios descubiertos, fue la creación de un organismo que se ocupara
de todos los asuntos relacionados con ellos. Éste fue la denominada CASA DE
CONTRATACIÓN, creada en Sevilla, en 1503, con múltiples funciones, no sólo
comerciales como su nombre pudiera sugerir.
Para mejorar su funcionamiento, esta CASA DE CONTRATACIÓN,
se vio en la necesidad de crear el CONSEJO SUPREMO DE INDIAS, en 1524, que
funcionó como una especie de lo que hoy pudiéramos llamar Ministerio de las
Colonias, que se encargó de la nominación de todas las autoridades coloniales,
desde las de mayor categoría hasta la de menor jerarquía desde su sede en
Madrid. Este Consejo tenía atribuciones políticas, legislativas y judiciales,
indistintamente: en el campo legislativo, era el que aprobaba las llamadas
LEYES DE INDIAS; en el campo judicial, era el Tribunal Supremo en el que se
ventilaban todos los grandes pleitos en los territorios conquistados y designaba a todas los denominados JUECES
RESIDENCIARIOS, encargados de juzgar la labor de todos los funcionarios
designados por la Corona Española.
Una primera decisión jurisdiccional que la Corona tomó en
América fue el establecimiento de los dos Virreinatos: el de México o Nueva
España y el del Perú, que se creó en 1542 y comprendía todos los territorios
españoles de América del Sur. Posteriormente, éste sería subdividido en otros
dos virreinatos: en 1717 se crearía el de
Nueva Granada y en 1776 el de Río de la Plata. En cada uno de ellos era el
Virrey la máxima autoridad que representaba a la Corona Española. En el caso
peruano, los Virreyes iniciaron sus gestiones desde 1544.
Pretendiendo una mejor administración, el Virreinato del
Perú fue dividido en AUDIENCIAS, que tenían jurisdicciones amplias, por lo que
fueron dividida en CORREGIMIENTOS, a cargo de un CORREGIDOR. Fue esta la
división política que estuvo vigente hasta la rebelión de TUPAC AMARU II, en
1780, luego de la cual el rey Carlos II
dispuso la creación de las INTENDENCIAS en 1784. Éstas asumieron funciones
administrativas y económicas. Y las que se
establecieron fueron Trujillo (que posteriormente cambiaría su nombre
por el de La Libertad), Lima, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cuzco y Arequipa.
A su vez, éstas fueron subdivididas en PARTIDOS. La Intendencia de Trujillo
comprendía los territorios de la margen derecha del Marañón hacia el oriente
y nororiente de la selva, siendo así la
más extensa, por lo cual el poder colonial tomó diversas medidas especiales.
Por otra parte, en las ciudades que se iban fundando se
conformaba el CABILDO o AYUNTAMIENTO, que estaban conformados por los ALCALDES
y REGIDORES. Los Alcaldes eran elegidos dos por ciudad por los denominados
VECINOS NOTABLES. En las ciudades de mayor importancia, los Regidores eran
designados por el Virrey y en las de menor importancia por los mismos vecinos.
Asumían el cargo el día de AÑO NUEVO, 1º de Enero.
En el aspecto religioso, los territorios recién conquistados
fueron organizados para facilitar la evangelización, por lo que fueron
divididos en ARZOBISPADOS, los que, a su vez, se subdividían en OBISPADOS,
cuyas jurisdicciones eran denominadas Diócesis, que comprendían ciudades,
villas, pueblos, anexos, doctrinas y curatos.
Para fines de control económico más cercano a la población
conquistada (indígenas), fueron creadas las ENCOMIENDAS, que también asumieron
funciones de control social y religioso. El ENCOMENDERO se hacía cargo de una
determinada jurisdicción con todos los indios allí ubicados, a quienes hacía
trabajar y les obligaba a pagar tributo, por su condición de vasallos (como en
los antiguos feudos medievales), lo cual dio lugar a gravísimos abusos con los
indios, a tal punto que los mismos reyes españoles las desactivaron, a partir
de 1718, no sin la fuerte resistencia de los propios encomenderos, quienes
habían adquirido gran poder económico y político.
Para fines de control judicial, la Corona Española creó lo
que llamó CORREGIMIENTOS, a cargo de un CORREGIDOR, cuya misión era proteger y
defender a los indígenas de los abusos de los ENCOMENDEROS, y se establecieron
en 1564. En la práctica, resultaron tan nefastos para los indígenas como las
propias Encomiendas.
Para fines de control religioso y a petición de la propia
Iglesia, que tenía interés en el adoctrinamiento y la enseñanza de las “buenas
costumbres” del modo de vivir de los españoles, en 1549 fueron creadas las
REDUCCIONES, para concentrar a lo indios y hacer más fácil su aculturación.
Tanto en la Costa como en la Sierra, esta reducciones se
crearon en las cercanías de las ciudades que
fundaban los conquistadores y a los centros mineros que se establecían,
con la finalidad de controlar y “civilizar” a los indios, como ya se dijo.
Todas estas medidas decididas por el poder político tuvieron
por finalidad asegurar de una y otra manera el control de los territorios
conquistados, pero teniendo como focos principales la Sierra y la Costa.
Nuestra región, la región amazónica, por ser diferente, desconocida y extensa,
no mereció mayor atención.
Obsérvese la gran extensión de la Comandancia General de
Maynas.
asumido por los
Misioneros Jesuitas y Franciscanos, en un comienzo, para su acción
evangelizadora a partir del siglo XVII.
Fueron ellos quienes emprendieron la conquista, más que
territorial, cultural de la región amazónica, razón por la cual todas aquellas
formas de administración política que hemos descrito para la Costa y Sierra, no
tuvieron mayor vigencia en esta región.
Los Jesuitas desde Quito, en donde tenían su sede misional
como Compañía de Jesús, vía el Marañón y los Franciscanos, por la ruta de la Selva
Central, desde Huánuco vía el Huallaga, avanzaron en su proceso de
evangelización de los indígenas. Ambos crearon los llamados PUEBLOS MISIONALES,
que no eran sino las REDUCCIONES DE INDIOS, creadas desde 1549 por el Rey de
España, vigentes en Costa y Sierra para ese entonces, en donde éstos eran
sometidos a un férreo proceso de aculturación para que abandonen sus patrones
culturales ancestrales, tales como su idioma, su religión, sus costumbres, etc.
Hasta el Siglo XVIII el territorio amazónico tuvo una
administración esencialmente político-religiosa, teniendo en las ciudades que
se iban fundando, los focos de irradiación del poder de los conquistadores.
Cuando éstos se dan cuenta de la inmensidad del territorio selvático, crean la
COMANDANCIA GENERAL DE MAYNAS, integrante de la Intendencia de Trujillo (que
posteriormente cambiaría de nombre por el de La Libertad), que comprendía los
actuales departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y parte de Amazonas. El
nombre de Maynas le es asignado por las etnias pertenecientes a la familia
Jíbaro (Awajún, Wampis, Jíbaros, etc.) a las que se conocía bajo esa
denominación en el área del Alto Marañón, en donde ofrecieron férrea
resistencia al avance de soldados y misioneros.
Desde 1580 los Misioneros Franciscanos habían iniciado su
accionar evangelizador, teniendo como centro de operaciones el Convento de
Huanuco y como ruta de inicio el Huallaga, que luego se extendería a la cuenca
del Ucayali, pese a la férrea resistencia de los aborígenes.
A partir de 1638 los misioneros Jesuitas, cuyo centro de
operaciones estaba en Quito, se incorporan a las acciones de cristianización
por la zona del Marañón, hasta su expulsión por orden del rey Carlos III, en
1769. Con su salida las Reducciones bajo su mandato se desorganizan y los
indígenas trataron de retornar, muy difícilmente, a sus patrones culturales
ancestrales.
En verdad, Maynas, que comprendía casi toda la región
Amazónica en su calidad de Comandancia General, transcurrió todo el período
colonial como escenario de imposición religiosa, sin merecer ningún interés
administrativo. Tanto que, en 1717, y hasta 1722, su administración pasó a
depender del Virreinato de Nueva Granada, creado en dicho año, volviendo a
pertenecer al Virreinato del Perú luego de cinco años; pero, dieciséis años
después, desde 1739, volvería a pertenecer a Nueva Granada, hasta 1802, en que,
por Real Cédula de 1802, emitida por el rey Carlos IV y en base a un informe
elaborado por don Francisco de Requena, en el que solicitaba tal decisión de parte
de la Corona Española, por ser más accesible desde el Perú, la Comandancia
General de Maynas vuelve a ser incorporada al virreinato del Perú.
Sin embargo, en ese largo período, sin mayor atención de la
Corona Española, van germinando, en su forma de Reducciones de Indios o Pueblos
Misionales y de ciudades españolas, algunos de los centros demográficos que
devendrían, con el transcurrir de los años, en los centros del poder político,
tales como Chachapoyas, Huánuco, Moyobamba, Borja (primera ciudad en la Selva
Baja, 1619), Barranca, Jeberos (1638), Lagunas (1670) San Joaquín de Omaguas,
Orán, Iquitos, Yurimaguas (1713), Requena, Nauta (1731), etc.
LA ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DURANTE EL PERÍODO REPUBLICANO
Al producirse la Independencia del Perú, la Comandancia de
Maynas, ya reincorporada a nuestro país, cuya capital era Moyobamba, jura
también la independencia, el 19 de agosto de 1821, expresando su voluntad de
seguir perteneciendo al Perú.
A
pesar de este cambio de régimen político a nivel nacional, la selva siguió
siendo un territorio casi ignorado y sin mayor importancia. Prácticamente el
único cambio que se produjo fue la
desactivación de la Gobernación General de Maynas en concordancia con el cambio
de nombre de las Intendencia por el de Departamentos y el de Partidos, que eran
integrantes de aquéllas por el de Provincias, ahora integrantes de éstos, que
dio a nuestro país una nueva nomenclatura político-administrativa, sin mayores
consecuencias prácticas para nuestra región.
Aunque
no haya tenido mayor importancia política para efectos prácticos, es necesario
recordar que en abril de 1822, en el marco de un Reglamento General de Elección
que expidió la nueva administración nacional, la aún denominada Comandancia
General de Maynas, integrante del Departamento de Trujillo, como ya lo
dijéramos, es establecida como un Departamento independiente de Trujillo, con
el nombre de Quijos y Maynas; pero fue
una demarcación que pasó totalmente ignorada.
En
1832, durante el Gobierno de Dn. Agustín Gamarra se produce la creación del
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, sobre la base de las Provincias del Departamento de
La Libertad que quedaban al oriente del río Marañón, según la anterior
demarcación: Chachapoyas, Pataz y MAYNAS. Su capital fue Chachapoyas.
Sin
embargo, la creación del Departamento de Amazonas, que comprendía casi todo el
territorio selvático más algo de la Sierra, no tuvo mayores repercusiones para
nuestra región, pues siguió siendo percibida como lo había sido durante la
Colonia.
Reconocida
la enorme extensión de la ahora Provincia de Maynas, integrante del nuevo
Departamento de Amazonas, ella fue dividida en Distritos, cuyas capitales
fueron Loreto (el antiguo Loreto Yacu, que fue el que daría
nombre a todo nuestro departamento) y Nauta, mediante una resolución suprema de
1842.
En
1853, mediante un Decreto de Dn. Rufino Echenique, se creó el GOBIERNO POLÍTICO
Y MILITAR DE LORETO sobre la base de dicho distrito, pero en julio de 1857 se
crea la PROVINCIA LITORAL DE LORETO, cuya capital fue Moyobamba.
En
1861, esta Provincia Litoral se convierte en DEPARTAMENTO MARÍTIMO MILITAR,
mediante un Decreto del Gobierno de Dn. Ramón Castilla, el mismo que por
disposición del gobierno de Dn Mariano Ignacio Prado adquiere la condición
plena de DEPARTAMENTO DE LORETO, en 1866, condición ratificada por el Congreso
de 1868, cuya capital fue Moyobamba.
Maynas al iniciarse el período de la República en nuestro
país
Bajo
esta nueva designación y categoría, el Departamento de Loreto es dividido
políticamente en cuatro provincias: Cercado de Moyobamba, capital Moyobamba,
que, a su vez era capital del departamento; Huallaga, capital Tarapoto; Alto
Amazonas, capital Balsa Puerto y Bajo Amazonas, capital Iquitos. Como podemos
comprobar, el nombre Maynas desaparece de la nomenclatura administrativa a
partir de esta división política.
Esta
situación se prolongaría hasta 1897 en que, mediante Ley dada por Dn. Nicolás de Piérola, Iquitos
es declarada ciudad capital del Departamento de Loreto, decisión que no fue
aceptada por el pueblo de Moyobamba, el mismo que logró que el gobierno de Dn.
José Pardo creara el Departamento de San Martín por Ley de 1906, conservando
Moyobamba la condición de ciudad capital e integrado por diez provincias:
Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martín, El Dorado,
Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Picota y Tocache.
De
esta manera el primigenio Departamento de Loreto quedaría reducido a lo que son
los actuales departamentos de Loreto y Ucayali.
Esta
demarcación política estaría vigente hasta 1980, año en que, mediante D.L.
23099, se crea el Departamento de Ucayali, cuya capital fue designada la ciudad
de Pucallpa que, en su condición de caserío había sido fundada en 1888. De esta
manera el Departamento de Loreto queda conformado por seis provincias: Maynas,
Loreto, Alto Amazonas, Requena, Ucayali y Ramón Castilla y el nuevo
Departamento de Ucayali con cuatro: Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y
Purús. Nótese que recién reaparece el nombre de Maynas para designar a una de
las provincias del departamento de Loreto, después de muchos años en que había
dejado de ser usado.
En
lo referente a Madre de Dios, que es la otra Región (antes departamento)
ubicada íntegramente en la región amazónica, podemos decir que en lo político-administrativo
ha tenido igual proceso evolutivo que las otras regiones a las que acabamos de
referirnos. En la actualidad su capital es Puerto Maldonado, ciudad que fuera
creada oficialmente en 1902 y sus provincias son: Tambopata, Manu y Tahuamanu.
Esta
división política de nuestro país ha tenido una pequeña interrupción cuando la
Asamblea Constituyente de 1979 dispuso la creación de los GOBIERNOS REGIONALES,
los cuales recién entraron en vigencia cuando se elaboró el Plan Nacional de Regionalización en 1988.
Es al año siguiente que comienzan a entrar en vigencia esta regiones: Madre de
Dios formó parte de la Región Inca; Ucayali, formó una sola región; Loreto
también se constituyó en una sola región
y San Martín, luego de integrar la región San Martín-La Libertad, logra
escindirse y conformar una sola región en 1992.
En
el caso de Loreto es bueno recordar que, inicialmente, fue designado con el
nombre de REGIÓN AMAZÓNICA en 1988, pero
casi de inmediato su nombre fue cambiado por el de REGIÓN DEL AMAZONAS, que
tuvo vigencia hasta febrero de 1990, en que fue cambiado por el de REGIÓN
LORETO. Tanto la Región Grau como la de Loreto, fueron las primeras en las
cuales se convocó a elecciones para designar a sus respectivos Gobiernos
Regionales.
Este
proceso descentralizador sólo tuvo un corto tiempo de experimentación, pues el
Congreso Constituyente Democrático, elegido en 1992 durante el gobierno de A.
Fujimori, dispuso la creación de 24 Consejos Transitorios de Administración
Regional – CTAR, que estuvieron en vigencia hasta que, mediante la Ley de Bases
de la Descentralización, se establecieron los Gobiernos Regionales, cuya norma,
la Ley 27867, fuera publicada el 16 de noviembre del 2002, estableciendo 25
Gobiernos Regionales, sobre la base de los Departamentos (más la Provincia
Constitucional del Callao) vigentes en la demarcación política nacional;
Gobiernos Regionales que entraron en vigencia el 01 de enero del 2003, luego
del respectivo proceso eleccionario.
Hasta
aquí el aspecto descriptivo de nuestro proceso político-administrativo, tanto a
nivel nacional como en lo que respecta a nuestra región.
Sin
embargo se hace necesario hacer algunas reflexiones acerca de todo lo vivido
hasta el presente.
UNA MIRADA
REFLEXIVA.
 |
| Límites de nuestro país y extensión de la región amazónica en la actualidad. |
Durante
la época colonial la Amazonía, como queda dicho, no mereció mayor atención una
vez que los conquistadores se convencieron de que no tenía el valor económico,
a su manera de ver, que ellos supusieron. Sólo mereció valor como campo de
evangelización para aculturar a la población indígena por acción de los
misioneros.
Superado
el período colonial, durante los primeros años de la República, sólo se
produjeron cambios formales en la vida política de la Amazonía, pues siguió siendo
ignorada, mirada con indiferencia; es decir, sin brindar mayor atención a sus
características diferenciales, razón por la cual no mereció decisiones
políticas especiales. Salvo reestructuraciones nominales que sólo buscaban
hacer más eficaz el dominio de los gobernantes sobre el territorio y la
población amazónicos, no hubo mayores cambios respecto a la situación que
habíamos tenido desde los tiempos coloniales.
Es
recién a partir de la segunda mitad del Siglo XIX que los pueblos de la
Amazonía, en especial nuestra región Loreto, adquieren una cierta importancia
política que origina la dación de normas específicas pero sólo para el mejor
aprovechamiento de nuestros recursos y asegurar la presencia controladora del
Estado. Pero, muy lejos estuvo el interés de emitir normas para el logro del
bienestar común. Todo lo contrario, pues la población indígena, que
mayoritariamente habitaba esta región casi no era percibida como merecedora de
decisiones políticas de importancia. En todo caso, todas las leyes protectoras
y de defensa de los indígenas, que desde la época colonial se habían dado,
siempre habían sido letra muerta para quienes sucesivamente se turnaban en el
usufructo del poder.
Por
otra parte, debemos tener en cuenta que las poblaciones de base, las
comunidades en sí, nunca tuvieron mayor participación en la decisión de las
diversas formas de organización política y administrativa dadas por el gobierno
central. Todas ellas eran decididas desde el centro del poder y se aplicaban al
margen de las realidades en que deberían funcionar. Aunque sí es necesario
reconocer que en el único aspecto en el que la población mestiza de la Amazonía
tenía un resquicio de participación fue en la elección de los Cabildos o
Ayuntamientos, que luego devendrían en las Municipalidades para los gobiernos
locales, aunque durante la época republicana fueron mayoritariamente designados
por el gobierno central.
Por
lo tanto, salvo lo que acabamos de puntualizar, la población amazónica, mestiza
e indígena, rural y urbana, jamás tuvo una participación trascendente en la
determinación de sus formas de organización político-administrativa, lo que le
impidió tener un aprendizaje social de gobierno para la búsqueda de su
bienestar común desde sus propias perspectivas culturales y en concordancia con
sus características ecológicas, geopolíticas, económicas, etc.
En
resumen, podríamos decir que, en lo político-administrativo nuestra región se
ha caracterizado por:
· Haberse
regido por sistemas o modelos organizacionales de origen externo, incompatibles
con su realidad.
· Haber
carecido de un adecuado proceso de aprendizaje social en cuanto a participación
de la población de base en la gestión administrativa y política de sí misma.
· Haber
tenido como actores principales de dicha gestión a personas (funcionarios, autoridades, políticos,
empresarios, etc.) que, por lo general, no han representado sus intereses.
· Sólo
en las últimas décadas del Siglo XX ha recibido una mayor atención de parte de
los Gobiernos nacionales, a partir de sus acciones de lucha por recibir un
trato adecuado a sus características.
Esto
no quiere decir que dicha población haya aceptado pasiva y resignadamente esta
situación. La población indígena nunca aceptó ni la dominación colonial ni la
republicana; de mil formas expresó su rechazo y jamás se rindió ante el
yugo opresor, franco o embozado, ejercido por los misioneros, funcionarios,
empresarios, etc. Por su parte, la población mestiza, en la medida de su
gradual toma de conciencia de su situación marginal respecto al usufructo del
poder, expresó su descontento reclamando
mecanismos administrativos más racionales al servicio de las mayorías.
Por
ello es que podemos constatar sucesivas acciones de rechazo del sistema
imperante desde el siglo XIX hasta la actualidad: unas de franca esencia
federalistas, otras separatistas y hoy, regionalistas, que han venido
expresando la raigal actitud ANTICENTRALISTA
de la población amazónica.
Pero,
por cierto que nuestra responsabilidad va más allá de la simple posición opositora.
Ella tiene que centrarse, en el futuro inmediato, en la construcción de
nuestras respectivas REGIONES: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín , no
sólo en la formalidad legal o nominativa, sino en la búsqueda de una forma de
ser REGIÓN concordante con nuestras características actuales e históricas,
nuestra pluriculturalidad, nuestra forestalidad, nuestras necesidades sociales,
nuestra idiosincrasia, etc.
Debemos tener en cuenta que tener un
gobierno regional, como que ya los tenemos, no garantiza que “ya somos una
región”, si es que en el fuero íntimo de cada uno de nosotros no está bien
definida esa imagen. La entidad “región”, desde el punto de vista
político, se constituye fundamentalmente por el reconocimiento genérico de que
tenemos características diferenciales que ameritan compartir una dinámica
administrativa conducida por un Gobierno reconocido jurídicamente como Regional,
condición que es el fundamento de las actuales REGIONES en nuestro país. Pero, eso es lo formal, pues el fondo
esencial y sustento trascendente de nuestras regiones debe ser la praxis
social que desarrollemos, individual y colectivamente, teniéndolas como
referente cognoscitivo, axiológico- actitudinal y espiritual.
Debemos tener muy en cuenta que este
estatus jurídico de región, hoy logrado,
se concreta luego de una larguísima experiencia nacional de
sojuzgamiento por las fuerzas de un centralismo que conformó en cada uno de
nosotros una estructura psicológica propia de una situación de dominación y
exclusión total respecto a un centro de poder subyugante, deslumbrante,
omnipresente e impositivo, que actuó algunas veces burdamente y otras
sutilmente.
Es decir, que hemos sido
condicionados psicológicamente para obedecer, para acatar decisiones tomadas
por quienes han venido usufructuando del poder en las sucesivas épocas de
nuestra historia regional.
Tenemos, pues, un substrato
psicológico propicio para la espera de las soluciones, para acatarlas, para
imitarlas, pero no para crearlas en este marco psicológico de dependencia
neocolonial. De aquí que nos resulte más cómodo esperar que nos digan qué
debemos hacer antes que buscar, con esfuerzo creativo, las soluciones a
nuestros problemas. Situación que no nos ha permitido tomar decisiones a partir
de nuestras características y para solucionar nuestros problemas, sino para
cumplir mandatos exógenos y aceptar falsas características de nuestra región,
inducidas por múltiples mecanismos y vías.
Esto es hoy uno de los mayores
obstáculos para construir un gobierno regional cualitativamente diferente al
gobierno nacional, que se nutrió (y sigue nutriéndose) de nuestra marginación,
de nuestra obediencia impuesta, de nuestra lejanía, valiéndose tanto de sutiles
como de burdos mecanismos de centralización política, ideológica, social y
cultural; en cuyo marco la educación jugó y viene jugando un importantísimo
papel impositivo y homogeneizador.
Esta atmósfera psicológica fácilmente
nos podría llevar a construir gobiernos regionales reproductores de las
características negativas del gobierno nacional; es decir, centralistas,
marginantes, etnocéntricos, homogeneizantes, etc.
Hacer gobiernos regionales
cualitativamente diferentes es hacer
gobiernos participativos,
creativos, construidos desde nuestras realidades, dinamizados desde nuestras
potencialidades, promotores de las relaciones interculturales entre todos los
Pueblos mestizos e indígenas, conductores de una relación armónica entre los
Pueblos y la pródiga naturaleza que nos rodea, propiciadores de la incorporación
de nuevos valores al universo axiológico ancestral para enriquecer nuestra
actuación colectiva, revitalizadores de esos universos axiológicos con los que
podemos enriquecer la cultura universal, etc.
Pero, para ello, requerimos comunidades con un referente nítido en su
mente, que les permita identificarse con la historia común, con la realidad
actual que nos desafía por igual en el deber moral de modificarla
respetuosamente, sin violentarla, para
bien de todos, y con un futuro
compartido en cuya construcción tenemos todos iguales responsabilidades.
Construirnos como regiones amazónicas
implica asumir colectivamente nuestra diversidad cultural, nuestra esencial
forestalidad, nuestro pasado común, nuestro compromiso de compartir
armónicamente el poder entre todos los Pueblos que habitamos esta región; es
aceptarnos como el espacio de grandiosas potencialidades, que aún no conocemos
a plenitud, pero que debemos dinamizar; percibirnos como regiones privilegiadas
por la presencia prodigiosa de infinidad
de ríos, condición que aún no aceptamos ni aprovechamos adecuadamente para
nuestro desarrollo; es reconocer en cada
comunidad la existencia de sólidas fuerzas psicosociales capaces de ser
dinamizadas para generar su propio desarrollo; es aprender a valorar y utilizar
nuestro potencial hídrico; es aprender a
mirar al mundo desde nuestro bosque portentoso. Es, en fin, construirnos
una identidad multicultural que debe concretarse diferencialmente en cada uno
de los Pueblos que hoy conformamos esta grandiosa región, cuya vocación es la
de seguir creando diversidad biológica y cultural, a menos que nosotros interfiramos tales designios.
Asumir la AMAZONEIDAD como
particularidad de la PERUANIDAD es aceptar que debemos construir nuestros
futuros regionales enraizados en nuestras gestas creativas milenarias, que
tenemos que aprender a valorar. Es reconocer y asignar a cada uno de nosotros,
como personas y como pueblos, el rol protagónico en la creación de condiciones
cada vez mejores para hacer de nuestras vidas, en lo individual y lo social, un emporio de
riquezas espirituales con aportes culturales diversos.
Construirnos como región es, pues, el
reto fundamental que deben afrontar los Gobiernos Regionales hoy existentes en
la Gran Región Amazónica: LORETO, UCAYALI, SAN MARTÍN, MADRE DE DIOS, como la
consecuencia más trascendente de su actuar político-administrativo a largo
plazo.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:
·
BASADRE, Jorge; Historia
de la República del Perú; La República”, Lima, 2000.
·
DOUROJEANNI, Marc J.; Amazonía, ¿qué hacer?; CETA, Iquitos, 1990.
·
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RIOS ZAÑARTU, Mario C.; Historia de la Amazonía Peruana, compendio; “El Matutino”, Iquitos,
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·
SAN ROMÁN, Jesús;
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·
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