¿Tiene el sistema jurídico peruano idoneidad para defender los intereses amazónicos? (G.D.S.G.)
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¿QUÉ PASÓ CON EL CASO TAMSHIYACU?
Juana
Hianaly Galeano -Periodista
A
fines del año pasado, la deforestación masiva de más de dos mil hectáreas en
Tamshiyacu generó revuelo. El escándalo se hizo mayúsculo cuando una a una,
todas las instituciones del Gobierno Regional que tendrían competencias se
lavaron las manos: DISAFILPA se excusó objetando que los terrenos eran predios
privados y el Programa Forestal argumentó jamás haber autorizado el desbosque. Por
su parte, la Dirección Regional Agraria sostuvo que la deforestación se subsanaba
al volver a sembrar en estos terrenos. ¡Patrañas!
Entonces,
¿quién tenía responsabilidades en el presunto delito? Una vez que la prensa
desató el escándalo de la deforestación,
la Fiscalía Ambiental con prontitud adelantó un operativo inopinado, abrió el
caso Tamshiyacu y a mediados de octubre con una orden judicial en su bolsillo
paralizó la deforestación. Las pruebas eran contundentes para ganar el caso a
favor de los bosques: imágenes satelitales del 2012 hasta la fecha confirmaban
la devastación y el diámetro de los árboles talados indicaban su proveniencia
de un bosque primario.
Sin
embargo, la investigación preliminar abierta contra Cacao del Perú Norte S.A.C.
por el delito de destrucción de formaciones boscosas revelaría progresivamente
un intricado revés. Las primeras entrevistas que hizo este medio buscando un
culpable dieron las pistas de la argucia legal que utilizaría la empresa. Nadie
lo habría pensado en su momento.
Entrevistado
el 6 de septiembre, José Cachay, Director de DISAFILPA, explica que su
dependencia no había tenido "ninguna participación" en la
adjudicación de los terrenos pues éstos se referían a "una transacción
comercial de títulos de propiedad entregados en 1997".
El
Ingeniero Cachay sabía con claridad meridiana de qué se trataba la situación.
Argumentó que las dos mil hectáreas deforestadas NO eran terrenos de libre
disponibilidad del Estado. "Deduzco que lo han comprado privados"
dice y adelanta una suposición "quizá lo hayan comprado a unos 50 o 60
propietarios de predios, un número grande que quizá hayan transferido a la
empresa." El Ing. Cachay estaba en lo correcto.
El
Proyecto de Parcelación e Independización denominado "Fernando Lores"
mediante el cual el MINAGRI bajo el Decreto Legislativo 838 adjudicó tierras
del Estado en forma gratuita, habría sido el contexto mediante el cual Cacao
del Perú Norte S.A.C. habría adquirido más de 50 predios de 49 hectáreas cada
uno y deforestado hasta el momento 2,150 hectáreas de bosque. Bajo este
panorama, ¿era legítimo el desbosque de un área cuyas dimensiones supone a
todas luces a un delito ambiental?
Cacao
del Perú Norte S.A.C. es una de las trece empresas de un grupo malayo-peruano
que cuenta entre inversionistas al ciudadano norteamericano Dennis Melka, CEO
de Asian Plantations Limited, empresa que tiene proyectos de palma aceitera de
hasta 20,000 hectáreas en Malasia. El año pasado, las actividades del Sr. Melka
en la Amazonía peruana se constituyeron en un caso tan emblemático que una ONG alemana
realizó en internet una acción de protesta al gobierno Peruano y las
autoridades correspondientes por la tala de la selva. Se mencionaba además que
la deforestación de Tamshiyacu no contaba con ninguna autorización de
desbosque. Ante esto, el señor Melka respondió escuetamente "Según la ley
peruana, no es necesario ningún permiso."
De
esta manera, el Decreto Legislativo 838 se convertía en el arma perfecta para
blindarse ante informalidad. La compra de estos predios rústicos adjudicados
para fines agropecuarios, entregados por el expresidente Fujimori para promover
la "reincorporación de la población desplazada por la violencia terrorista",
se había convertido en el mecanismo legal más expedito para refrendar el delito
ambiental.
Entonces,
¿existe o no ilegalidad en la deforestación? ¿Cacao del Perú Norte S.A.C. puede
seguir comprando predios titulados y deforestando a diestra y siniestra sin que
le caiga el peso de la Ley? El 22 noviembre del año pasado, la Agencia de
Prensa Ambiental, Inforegion.pe, informó que la Fiscalía Ambiental esperaba el
informe del Ministerio de Agricultura y Riego confirmando o desmintiendo el delito.
¿Qué información contiene dicho informe? ¿Estará el MINAGRI aprovechando el
presunto vacío legal existente para sostener que no existe delito o la
Dirección de Asuntos Ambientales del MINAGRI saldrá a favor de los bosques? Es
necesario que los loretanos conozcan qué pasó con la investigación del Fiscal
Johnny Ríos Arce pues la disposición final que contiene las argumentaciones de
la DGAA del MINAGRI sentará un precedente claro para los bosques amazónicos.
*Al
día siguiente de la publicación de esta columna en La Región, diario local de
Iquitos, la periodista Luz Marina Herrera le entrevistó al Fiscal Johnny Ríos
Arce sobre el estado de la investigación.
CONCLUYÓ
INVESTIGACIÓN SOBRE DEFORESTACIÓN DE MILES DE HECTÁREAS DE BOSQUES PRIMARIOS EN
TAMSHIYACU
Publicado
el 27 feb, 2014 | 0 comentarios- Diario La Región
-
Dentro de poco se verá si Fiscalía archiva o abre investigación preparatoria -
Situación se da en el marco de la XX Conferencia Mundial sobre el cambio
climático.
Fiscal
de prevención del medio ambiente Abog. Jhony
Ríos Arce, anunció que investigación sobre deforestación en Tamshiyacu ha
concluido. Fiscal de prevención del medio ambiente Abog. Jhony Ríos Arce,
anunció que investigación sobre deforestación en Tamshiyacu ha concluido.
Por:
Luz Marina Herrera.
Que
se desarrollará en nuestro país en el mes de octubre, donde todos hablarán de
lo terrible que se vienen comportando los fenómenos naturales a nivel mundial
debido al daño irreversible que se le viene haciendo al medio ambiente. Sin
embargo, también está la legislación nacional que muchas veces permite que se
den este tipo de atropellos inconmensurables, sobre todo contra la siempre
ubérrima Amazonía del Perú.
Las
miles de hectáreas deforestadas de árboles primarios en Tamshiyacu, parece ser
solo el preámbulo de una película macabra que tendrán que observar las nuevas
generaciones de amazónicos. Se pide que se ame y se conserve a la selva, que
los niños siembren arbolitos porque estos dan aire, oxigeno, vida; más se
piensa empresarialmente en bio-negocios, biocombustibles generados a través de
la siembra de plantas dañinas a los suelos selváticos que finalmente los
extinguirán, los matarán, los volverán inservibles e insoportables a la vida.
Así
de trágico, así de inaceptable. Loreto ha iniciado su camino hacia el fin de su
exuberante naturaleza, todo para que grupos de poder puedan seguir acuñando
millones de dólares. Cuando no haya agua, cuando no haya selva y alimentos… ¿Se
podrán comer los billetes verdes? La respuesta es obvia.
El
fiscal del medio ambiente Jhony Ríos
Arce, está por pronunciarse respecto a la deforestación de Tamshiyacu que
se dio a conocer el año pasado. Su investigación ha concluido y podría archivarla
o elevarla a un juzgado para que profundice más y realice la investigación
preparatoria. Ayer habló sobre el tema.
«Estamos
en la etapa final para ver si se archiva o se procede a la formalización de
abrir la investigación preparatoria propiamente dicha ante un juzgado. El
Ministerio de Agricultura mediante la dirección general de asuntos ambientales
agrarios competente en instrumentos de gestión ambiental, ha emitido los
informes. Entre ellos, primero ponía como requisito previo para la ejecución de
proyectos agroindustriales, a la empresa Cacao Perú Norte, la autorización de
cambio de uso y desbosques.
Luego
en un informe aclaratorio excluyen esa autorización de desbosque porque se
trata de un tema particular de predios privados otorgados bajo el D.L. 838. Es
un tema netamente técnico. Ayer llegó una comisión de la dirección general de
asuntos ambientales agrarios y se fue a Tamshiyacu para in sito verificar
cuáles son los impactos correspondientes en el área de actividad de la empresa.
Seguro sacarán un nuevo informe para hacernos llegar a la investigación y tener
en cuenta los parámetros correspondientes», declaró Ríos Arce.
¿Acá
se dijo que ellos de todas maneras debieron contar con la autorización de
desbosque?
-Hay
instrumentos y declaraciones de funcionarios del programa y de la dirección
regional que indican que por la particularidad del D.L. 838 no deberían tener
autorización de desbosque. Pero todo eso se está analizando de una manera muy
profunda para verificar cuál será el accionar del Ministerio Público en cuanto
a la controversia jurídica que existe.
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