Hechos y reflexiones frente a la huelga de docentes universitarios
Gabel Daniel Sotil García
La
huelga es un derecho reconocido y establecido por nuestra Constitución Política
(Art. 28°). Con ella expresamos nuestras protestas y reclamos frente a las
injusticias que se nos infieren burlando nuestras conquistas laborales.
Como
es el caso de estos momentos; pues habiendo sido dispuesta la HOMOLOGACIÓN de
nuestros haberes por la Ley 30220, nueva Ley Universitaria, promulgada en julio
del 2014, respecto a las remuneraciones de los Magistrados Judiciales (Art. 96:
“Las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologan con las correspondientes a
las de los Magistrados Judiciales”), hasta el momento, y pese al tiempo
transcurrido y nuestras gestiones pertinentes, no se nos hace efectivo este
derecho.
Cabe
puntualizar que este derecho a la homologación ya fue reconocido y efectivizado
al amparo de la Ley 23733 (Art. 53°), precedente de la actual ley universitaria.
Por
ello es más incomprensible esta reticencia del Estado Peruano a dar
cumplimiento a sus propias disposiciones, pues la Ley 30220 fue sancionada por
el poder legislativo y promulgada por el ejecutivo. Es decir, el Estado desacata
su propia disposición. O dicho de otra manera: el Estado peruano burlándose de
sí mismo.
Superficialmente
mirado este hecho (la negativa del Estado a dar cumplimiento a su propia
disposición) podría significar una falta de voluntad política del Estado
Peruano para atender las demandas del magisterio universitario o carencias de
disponibilidad presupuestaria; pero, puede ser que se deba a otras razones.
¿Cuáles
podrían ser algunas de dichas razones?
Veamos,
en modo especulativo, cuáles podrían ser.
Podríamos
suponer que los funcionarios del gobierno ignoren que los países que hoy
ostentan la condición de desarrollados, la han logrado a partir de la educación,
por cierto que no de cualquier educación, sino de una educación universitaria
ex profesamente diseñada para generar el mejoramiento progresivo de la calidad
de vida social, a partir de las cualidades inducidas a los profesionales en
formación por un equipo de docentes plenamente motivado por condiciones
estimulantes.
Podríamos
conjeturar que desconozcan que para ello sus respectivos gobiernos tuvieron que
destinar grandes recursos en docencia, infraestructura, equipamiento, etc.,
pues tuvieron que reconocer una ley socioeconómica: a mejor educación, mayor
desarrollo; no a la inversa.
Precisamente
es eso lo que reclamamos los docentes universitarios: oportunidad de
contribuir, de mejor manera, al mejoramiento de la calidad de vida de nuestro
país. Poner nuestros mejores esfuerzos para generar condiciones que garanticen
un indetenible proceso de mejor satisfacción de las necesidades sociales, que
es lo que se llama desarrollo.
Si
hoy nuestro país presenta déficits en sus niveles de vida social es,
precisamente, porque no está atendiendo adecuadamente a la formación de sus
profesionales: en las áreas y características pertinentes.
Cuanto
más se restrinjan los parámetros de calidad formativa de nuestros futuros
profesionales por motivos presupuestarios, menores posibilidades formativas
tendremos los profesores universitarios para estimular ese enorme potencial que
llevan los estudiantes a las aulas formativas.
En
consecuencia, nuestra lucha no se circunscribe a mejorar nuestras
remuneraciones que, por lo demás, es motivo de disposición de la ley vigente,
sino que hemos asumido a plenitud
nuestro reconocimiento de que los límites para nuestro desarrollo están
definitivamente determinados por los linderos que la propia educación
establece. Nunca el desarrollo de una sociedad podrá sobrepasar los límites de
su propia educación. Otra ley socioeconómica que se quiere desconocer. En
consecuencia, se necesita de una condición previa: mejorar la educación para
generar desarrollo.
Querer
desarrollarnos como sociedad, por lo tanto, exige transformar a la educación en
el instrumento que, por lo demás, siempre se ha reconocido: sin educación
pertinente nunca lograremos el anhelado desarrollo, en el sentido de crear
condiciones propicias para generar oportunidades de desenvolvimiento de
nuestras capacidades socioculturales y biopsicológicas.
Los
maestros universitarios somos conscientes de ello: sin una adecuada educación
jamás tendremos el desarrollo que requerimos, pues el camino hacia él,
necesariamente pasa por los fértiles campos de la calidad formativa.
Somos
conscientes, también, de que tal y como se encuentra nuestra actual
universidad, ésta no es sino una entidad burocrática, repetitiva, ahistórica,
sin mejores posibilidades de futuro, pero con un gran potencial de mejoramiento
cualitativo que queremos activar en concordancia con los actuales momentos:
regionales, nacionales y planetarios.
En
consecuencia, nuestra lucha por la homologación, ya decretada en el más alto
nivel legislativo, se explica por nuestro deseo de querer contribuir al
desarrollo de nuestra región.
Eso lo queremos, pero las condiciones en las que
desempeñamos nuestras labores impiden que logremos ese propósito.
Unas
reflexiones finales son necesarias en relación a este problema: ¿En verdad, el
Estado Peruano quiere y busca el desarrollo de nuestro país?
Tenemos
un país maravilloso en cuanto a recursos naturales. La naturaleza, tanto en el
nivel nacional como regional, nos ha dotado de todo cuanto podríamos necesitar
para satisfacer las necesidades sociales. Pero, para ello, hay que transformar
esa riqueza natural en riqueza social. ¿Cómo? Formando a nuestro potencial
profesional con las características que posibiliten un óptimo uso de dichas
materias primas para superar el extractivismo mercantilista de carácter exportador
que hoy signa la actividad económica en nuestra región. Para ello se requiere
diversificar nuestros procesos productivos formando a los nuevos profesionales
en consonancia con dicho propósito.
Es
esto a lo que queremos contribuir como responsables de la formación de los
profesionales que requiere una renovada actividad socioeconómica y cultural.
Nuestra
huelga tiene esa finalidad.
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